El Tribunal de Enjuiciamiento finalizó su caso contra las tres juezas que participaron de los trámites de adopción a favor de la familia de la jueza del Menor, Angélica Zari.
Este 25 de marzo se conoció el fallo mediante el cual se resolvió la destitución de Malena Totino, la jueza del Civil de Caleta Olivia, por desconocimiento inexcusable del derecho, en una causa por la que pretendieron que una joven menor de edad, embarazada y en situación de extrema vulnerabilidad, diese su hija en adopción a otra jueza, haciendo trampa al sistema.
Las 3 juezas de la adopción fueron expulsadas de la Justicia.
El caso se inició el 17 de diciembre de 2018 por la entonces jueza de Familia de Caleta Olivia, María del Rosario Álvarez, a raíz de una presentación espontánea de E., una joven de dieciocho años y de nacionalidad boliviana que expresó que estaba embarazada de seis meses y medio y no podía tener a su hijx por motivos económicos. “Si tuviese plata o la casa más grande, sí la cuidaría”, había explicado.
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Llegar E. ahí no fue una casualidad. En ese mismo juzgado se tramitaba una causa por violencia doméstica iniciada contra el padre de la joven y ella no quería cargar a su madre con otro drama y otra boca que alimentar.
Al día siguiente, Álvarez inició un trámite para poner a resguardo al “niño por nacer” y se libró un oficio a la Clínica Cruz del Sur, donde controlaban el embarazo, ordenando que se le avisara del parto, momento desde el cual la recién nacida quedaría “a disposición de este juzgado”.
El fallo del tribunal desnaturaliza que exista la adopción de un “niño por nacer”
En una pericia psicológica a la joven embarazada, Vivian Burgi informó: “da cuenta en la entrevista de la decisión que aún está elaborando de entregar al bebé que porta en su vientre Refiere múltiples condicionamientos que determinan dicha posición. La joven evaluada se preocupa por las condiciones económicas y afectivas en que su hijo crecerá y que ella no puede garantizar ninguna de ellas ()”, se lee.
Sin embargo, lo que aparece como denominador común en todo el expediente es que ninguna de las juezas involucradas se ocupó de ordenar medida alguna que diera intervención a organismos que pudieran acompañar y fortalecer a la mujer.
Este no es un dato menor y si bien entonces no se había aprobado la Ley de los Mil Días, que da acompañamiento a mujeres que eligen un aborto por razones económicas, bien pudieron haber avisado al Ministerio de Desarrollo Social para que la asistiera.
El 11 de enero de 2019, Malena Totino subroga a la jueza Álvarez, habilitando la feria judicial para continuar el trámite. Una semana después, E. fue derivada al hospital por considerar que llevaba adelante un embarazo de riesgo.
Por aquel entonces, la directora del hospital era Patricia Zari, la hermana de la pretensa adoptante, a quien Totino le pidió que atendiera personalmente el caso.
Cuando el escándalo se hizo público, la ministra de Salud en ese momento, Rocío García, le pidió la renuncia.
Un dato a tener en cuenta es que el expediente tuvo carátulas como “situación”, “medida excepcional” o “amparo”, omitiendo la palabra adopción, básicamente porque el organismo de Infancia no estaba enterado.
Las alertas
La beba nació el 22 de febrero de 2019, pero fue recién en el mes de marzo la coordinadora de Aspirantes a Guarda con Fines de Adopción, Silvia Manríquez, recibió un pedido del juzgado para que entregara tres expedientes de pretensos adoptantes, entre ellos, el de Angélica Zari, que acababa de inscribirse.
Esta situación llamó su atención, sobre todo cuando la propia Zari se comunicó con ella para preguntarle cuál era su legajo y si ese número debía dárselo a la jueza. La respuesta fue que no, que así no funcionaba y que en todo caso se incorporaba a la nómina de familias que estaban en lista de espera.
La ex directora del hospital era Patricia Zari.
Pero lo que la titular del Registro no sabía era qué menor estaban por dar en adopción, ya que nunca se lo habían comunicado al sistema. Así las cosas, tanto la niña por nacer, como la que nació, no existían más que para la madre y las tres juezas, ya que incluso 40 días después de haber nacido, ni siquiera estaba inscripta en el Registro Civil. Era apenas una NN en una cama de hospital, sin indicación médica y con un rótulo sugestivo: “Malena”.
Durante el jury, el juez Fernando Isla dio su testimonio porque, por error, se abocó al expediente durante un día. Contó que su colega del Juzgado del Menor, Zari, “me pidió hablar para pretender explicarme off the record en qué consistía la causa y qué tenía que resolver”. Sin embargo, la charla le resultó alarmante y decidió rechazar cualquier entrega de la beba. Su intervención duró poco, ya que horas más tarde Totino continuó el caso.
Durante el proceso dieron su testimonio funcionarios y funcionarias del Poder Judicial y del Ejecutivo, entre ellos la exministra de Desarrollo Paola Vessvessian, quien contó que tomó conocimiento de la situación el día 19 de marzo de 2019, a través del acta que cuatro días antes habían firmado la presidenta del Tribunal, Paula Ludueña, y el defensor general Domingo Fernández, con la denuncia de la coordinadora del Registro de Adoptantes.
Reneé Fernández, vocal TSJ.
La decisión de Vessvessian fue que la secretaria de Infancia, Alejandra Shanahan, fuese a Caleta Olivia y realizara la denuncia penal en la Fiscalía.
Comienza entonces la búsqueda de E., que en una reunión con la Oficina de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se puso a llorar porque ni le permitieron ver a su beba ni le mostraron una foto, tal como le habían prometido.
Por otro lado, para entonces el nacimiento no constaba en ningún libro de actas de la clínica, ni del Hospital Zonal, tampoco el Certificado Nacido Vivo y Neonatal.
En este punto, la entonces responsable de la Oficina de Infancia de Caleta Olivia, Cecilia Florentín, reveló que “pudimos rastrear a la progenitora. A la tarde fuimos al domicilio de la mamá con la trabajadora social… Nos llamó la atención que desconocían el proceso de adopción, la joven estaba sumamente angustiada. Era llamativo el relato de la mamá acerca de que debían guardar silencio, no entendían nuestra presencia en el domicilio. Conocimos a la beba en el hospital, porque resulta que estaba por cumplir un mes de internación. La joven progenitora solicitó conocer a su beba y arbitramos los medios para que pudiera hacerlo”.
Si tuviese plata o la casa más grande, sí la cuidaría
Sin embargo, el testimonio más crudo lo dio la trabajadora social que entrevistó a E. el 19 de marzo, cuando “ella me explica que le habían informado que ya estaba con la familia que la iba a adoptar y le mostraron fotos del lugar donde viviría y que los padres serían dos doctores. Y estaba afligida porque no le habían mostrado fotos de la beba ni le permitieron verla. Le informamos que tenía 45 días para arrepentirse de su decisión. Posteriormente volví a la casa de E., esa tarde, y estaba toda la familia reunida, y la madre nos advierte que durante las semanas previas les habían dicho que no podían hablar con nadie de este hecho. Era una familia atravesada por situaciones de violencia doméstica… En el hospital nos informan que el nombre de la beba era Malena, la mamá nos dijo que ella no lo había elegido. E. no sabía que su hija estaba internada y en condiciones de tener el alta. Eso fue lo que más angustia generó. Todas las noches lloraba por su beba y no podía hablarlo porque pensó que su decisión era irreversible. Ella eligió el nombre N. para su hija. Cuando pedimos al Registro Civil que nos informen acerca de la identidad de la niña, no había ningún tipo de registro y había pasado un mes desde su nacimiento… Nos llamó la atención que le habían ido a sacar los puntos a su casa, que en todo tiempo tenía contacto con la Dra. Zari”, narró, en referencia a la hermana de la jueza y directora del hospital.
Laura Hindie, diputada.
Durante su derecho a defensa, Totino dijo que en cualquier momento de los cuarenta días en los que la madre y la beba estuvieron separadas sin verse jamás, ella “pudo haber ido a buscar a su hija” y no lo hizo. Sin embargo, se trata de una joven en situación de vulnerabilidad, a la que no sólo le dijeron que la adopción ya era un hecho, sino que incluso le mostraron la casa en la que viviría la beba, una llena de comodidades que ella no tenía. Ni ella ni su madre entendieron jamás que el asunto era reversible ni que las magistradas podrían haberlas ayudado para que salieran adelante. Las mismas magistradas que intervinieron en el expediente de violencia familiar que venían acarreando desde mucho tiempo antes.
Había un papá
“La declaración judicial de la situación de adoptabilidad no puede ser dictada si algún familiar o referente afectivo del niño, niña o adolescente ofrece asumir su guarda o tutela, y tal pedido es considerado adecuado al interés de este. En esa senda, afirmo que la adopción constituye una figura subsidiaria, por lo que sólo es posible apelar a ella ante la imposibilidad de un niño, niña o adolescente de vivir con su familia de origen o ampliada fundada en razones de gravedad, y jamás en la pobreza”, explicó el fiscal del caso, ya que, como se sabe, las magistradas pretendieron avanzar con la adopción sin siquiera haber intentado localizar a familiares que pudieran hacerse cargo de la beba.
El nacimiento no constaba en ningún libro de actas del hospital
De hecho, el padre biológico se enteró de su existencia luego de que, como consecuencia de las dudas de la titular del Registro, el Ministerio de Desarrollo presentó una denuncia penal para anular todo. Recién entonces fue convocado al juzgado, donde de inmediato manifestó que quería estar con su hija.
Silencio
Otro dato llamativo fue que el 22 de marzo de 2019, cuando La Opinión Austral dio a conocer lo que estaba sucediendo en Caleta Olivia, Totino dictó una extraña misiva a sus empleados: “Hágase saber a las diferentes actuarias del Juzgado de Familia que han intervenido o que intervengan en un futuro, que deberán abstenerse de brindar información a terceros ajenos al proceso y en caso de que la misma sea requerida por superiores jerárquicos, deberán poner en conocimiento a la juez interviniente y dejar debida constancia de ello”.
Florencia Moreira, abogada.
Para el fiscal, esto no fue más que un intento de “amedrentar a los empleados y funcionarios que intervinieron en la tramitación”.
La defensa de Totino
En agosto del año pasado, Álvarez y Zari fueron destituidas por el Tribunal de Enjuiciamiento integrado por el exdiputado José Blassiotto, lugar que hoy ocupa Laura Hindie, junto a la vocal Reneé Fernández y la abogada Florencia Moreira.
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En ambos casos, las magistradas aseguraron que nunca se trató de un intento de adopción, que esa no era la finalidad del expediente, pero tampoco pudieron explicar por qué no dieron intervención a los organismos competentes para asistir a E. o para dar con el padre biológico de la beba.
María del Rosario Álvarez, Angélica Zari y Malena Totino, destituidas.
Totino fue por el mismo lugar. Aseguró que resolvió dar intervención a Niñez el 24 de marzo de 2019, justamente el Día de la Memoria, porque “el compromiso con los Derechos Humanos es una trayectoria de vida y un compromiso profesional”. Sin embargo, para esa fecha la beba tenía más de un mes y el escándalo había estallado.
“Están las fotos que tomé de la beba apapachada por las enfermeras del hospital. Pero teníamos un problema, en los papelitos no figuraba el dedito de la mamá. Se había ido, según el médico, no había regresado -pudiéndolo hacer-”, sostuvo luego ante el tribunal, responsabilizando a E. de lo que pasó y refiriéndose a la recién nacida como a “un bebé abandonado” y defendiendo su decisión de haberla dejado bajo internación sin indicación médica porque el Pequeño Hogar no estaba en condiciones y “hay tratados que dicen que no se debe institucionalizar a los niños, porque los niños que no son apapachados hasta los 3 años terminan discapacitados”.
Totino cree además que el caso sirvió para que las personas de Caleta Olivia crean “que las adopciones no son ilegales. Hicieron creer a los padres adoptivos que son apropiadores” y solicitó que la absolvieran de las acusaciones en su contra.
Nunca Más
El caso de E. y su hija pone en la centralidad del asunto, no solamente la ausencia de perspectiva de género para abordar el conflicto de una mujer que cursa un embarazo no buscado y sin pareja, sino que desnuda un entramado mucho más complejo vinculado a la incapacidad de deconstruir prejuicios en torno a la pobreza.
Es que, ¿con qué mentalidad se puede pensar que la mejor opción -la única- para una mujer pobre y violentada que cursa un embarazo es entregar al niño o niña por nacer? ¿Qué discurso se sostiene cuando en lugar de buscar ayuda para E., le muestran una casa como la que ella jamás tuvo? ¿Hubiese sucedido lo mismo con una adolescente instruida y con recursos económicos? Probablemente no, o al menos hubiese sido más difícil generar atajos en el sistema si se trataba de alguien con herramientas para defenderse mejor.
Lo cierto es que hoy no hablaríamos de E., su hija o el padre biológico si el sistema no funcionara, porque fue el que alertó la trampa en la que se quiso tomar por incubadora a una mujer que pedía auxilio.
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