Reparación de legajos laborales en la Administración Pública: “En Santa Cruz, nuestros vecinos y vecinas también fueron víctimas del Terrorismo de Estado”

En el marco de la Ley 2.966 de creación del Archivo Provincial de la Memoria (APM), en 2021, en un trabajo articulado entre el APM, dependiente de la Secretaría de Estado de Derechos Humanos, y el Honorable Tribunal Disciplinario, comenzó a analizarse el legajo de Daniel Alberto Toninetti, trabajador de la administración pública provincial detenido-desaparecido en 1977.

Durante dicho trabajo se halló el documento que señalaba su cesantía, dispuesta por la Ley Nº 1.031/76, reglamentada mediante el Decreto Nº 142/76.

A partir de allí, mediante documentación, se verificó que había más agentes que habían sido cesanteados durante la última dictadura, entre 1976 y 1983.

En 2022 se inició una investigación registrada en el Expediente N° 162.125-HTD-22, que se abocó a la reparación del legajo de Toninetti.

El Decreto Nº 1.558/22 estableció la creación de la Comisión para la Reparación Integral a Víctimas del Terrorismo de Estado, la cual tiene como objetivo la elaboración del Registro de Trabajadores Expulsados por Razones Políticas.

Daniel Toninetti fue director en la Dirección de Cultura de la Provincia de Santa Cruz.

Marisa Oliva, presidenta del Tribunal Disciplinario, dialogó con La Opinión Austral y se refirió al aporte que significa el trabajo que se está llevando adelante.

LOA: ¿En qué momento del trabajo se encuentran?

MO: En el trabajo en conjunto con la Secretaría de Derechos Humanos estamos organizándonos en cuanto a la difusión, el registro de documental y de casos a partir de la indagación de la documental existente en la provincia, como en cada uno de los municipios.

Con el Decreto Nº 1.558/22, la gobernadora ratificó lo que habíamos aprobado desde el Honorable Tribunal Disciplinario en cuanto a la posibilidad de crear el Registro Provincial de Trabajadores y Trabajadores Expulsados por Razones Políticas del período 76 al 83. La reconstrucción de toda esta documental es un trabajo muy lento, dado que han pasado muchos años y la documentación, si no se ha considerado importante, después de 10 años se pierde.

LOA: ¿Qué tan complejo es identificar los casos?

MO: Con paso lento, pero firme, a medida que se va difundiendo, en ocasión de visitar los municipios, de poder hablar con cada uno de los organismos del Estado, incluso con empresas del Estado también. El decreto habla de poder reparar integralmente a las víctimas de terrorismo de Estado, que en este caso son agentes de la administración pública, que quizás fueron cesanteados en este marco de proscripción por la ley de prescindibilidad, tanto provincial como nacional, cuando no había ninguna razón asociada a su pérdida de idoneidad como trabajador, sino que en algunos casos se inventaban y las personas eran perseguidas. Por esta persecución no iban a trabajar y eran cesanteados.

Otros eran obligados a renunciar, tenemos casos relevados de gente que la han privado de la libertad y bajo elementos de coerción y de torturas fueron, por decirlo de alguna manera, invitados a renunciar de manera coercitiva, usando lo que era en ese momento el aparato de terror del Estado.

“Daniel Toninetti fue cesanteado por ser víctima del terrorismo de Estado”.

MARISA OLIVA, PRESIDENTA DEL HONORABLE TRIBUNAL DISCIPLINARIO

Cuando no está la documental o apoyando la documental, otra fuente para poder reconstruir esto son los relatos. En la medida que este trabajo se puede difundir, y en eso tienen un gran papel los medios, se han comunicado con nosotros familiares, hijos, hijas, con relatos muy contundentes y dando cuenta de lo que vivieron como familia.

Muchos pensarán: “¿Por qué se ocupan de cosas que ya pasaron?”, pero esta reparación no sólo reivindica y reconoce lo que las personas pasaron, tanto los agentes de la administración pública como sus familias, que en aquellos momentos, cuentan, pasaban por una situación económica, además de la incertidumbre de no saber qué iba a pasar con sus vidas, si estaban en peligro de perderlas o no.

Alrededor de 170 agentes fueron cesanteados en el marco de la ley de prescindibilidad.

Muchas de estas personas que se han comunicado, hoy algunas son personas grandes, relatan esa infancia que tuvieron con miedo, con sufrimiento y pueden comprender también con el paso del tiempo este pesar, cuál era la razón y qué es lo que había detrás. Esta reivindicación, esa reparación, es para el agente que lo sabrá si está con vida, sino su reconocimiento post mortem, para su familia sobre todo y para una sociedad de Santa Cruz que quizás no tiene identificados cuáles fueron los vecinos, las vecinas, las familias que sufrieron y que fueron víctimas del terrorismo de Estado.

A los agentes trabajadores y trabajadoras del sector de la administración pública provincial o municipal poco se les ha reconocido como víctimas, siempre se les ha dado más trascendencia a otros sectores de víctimas, como pueden ser los hijos nacidos en cautiverio o a los desaparecidos por esta causa.

Quizás las víctimas de la administración pública fueron las menos visibles y fueron muchas. En este momento tenemos relevadas alrededor de 170 personas, las tenemos relevadas con nombre y apellido, número de documento, pero nos está faltando alguna documental para después poder proceder a poner en un registro provincial.

Estamos trabajando sobre la reglamentación para que quienes quieran presentar su solicitud de formar parte del registro, también lo puedan hacer.

LOA: Tal vez familiares o las mismas personas que fueron víctimas quieren contactarse con ustedes, ¿cómo pueden hacerlo?

MO: Se dirigen al Tribunal Disciplinario o a la Secretaría de Estado de Derechos Humanos de la provincia a efectos de presentar lo que tengan. Una vez se comunicó una persona de Caleta Olivia que nos dijo: “No tengo documentos, los voy a buscar, pero quiero contarles…”. Ese relato y esa familia buscando documento y por otro lado, nosotros, desde la propia administración, también buscando antecedentes, vamos a lograr seguramente avanzar, lo hicimos así con Daniel Toninetti, con el legajo reparado. La Dra. Alicia Kirchner ya emitió un decreto de reparación de su legajo reconociendo la verdadera razón por la cual fue cesanteado, que fue por ser víctima del terrorismo.

LOA: ¿Cuál ha sido la metodología más común bajo la cual se cesanteaba?

MO: La metodología más común ha sido de manera coercitiva invitarlos a que no vayan más a trabajar, sin papeles, con una amenaza, es lo que nosotros podemos rescatar de las presentaciones y de los relatos que muchos trabajadores han realizado en el propio Tribunal Disciplinario.

Con el advenimiento de la democracia en el año 84 , y es bueno recordarlo porque estamos a 40 años de la democracia, el gobernador Puricelli emitió, junto con el proyecto de ley de la creación del Tribunal Disciplinario, la 1.615, tal cual funciona hoy con representantes de todos los sectores, un proyecto de ley que reconocía y reparaba a nivel laboral a aquellos que hubieran sido cesanteados.

“Se han comunicado familiares con relatos muy contundentes”.

MARISA OLIVA, PRESIDENTA DEL HONORABLE TRIBUNAL DISCIPLINARIO

Crearon, a través de la Ley 1.595/84 y su Decreto Reglamentario 542/84, una metodología de revisión para los agentes que pedían su reincorporación a la administración. En el caso de Aguas y Energía, que era una dependencia nacional, los trabajadores pidieron la incorporación a la empresa creada de Servicios Públicos.

Había comisiones en distintos ministerios y también una comisión y la resolución de los vocales de aquel momento en el tribunal.

El primer trabajo que realiza el Tribunal Disciplinario fue justamente la reincorporación de los trabajadores en el marco de la democracia.

Ahí podemos encontrar relatos y algunos indicadores de lo que fue la metodología para cesantear, los marcos legales eran la ley de prescindibilidad provincial (NdR: Ley 1.031/76), la eliminación de organismos que tuvieran que ver con representación ciudadana, como la Cámara de Diputados o algún organismo colegiado.

En esa época el Tribunal tenía vedado su funcionamiento y en otra época fue una herramienta, usando sellos como figuran en el legajo de Toninetti, con el tribunal conformado por los propios ministros de aquella época, que eran de facto, avalando las cesantías, en este caso del Toninetti y de otros tres agentes más que figuran en la misma resolución.

Se usaron muchos mecanismos, la ley de prescindibilidad fue el marco. Por ser chileno o por pensar distinto podías ser despedido. Está expresado de manera muy dura, hoy a los ojos y con la mirada de la democracia que tenemos que defender y fortalecer cada día, ver estos escritos de estos documentos que organizaban nuestro país y pretendían organizar nuestra provincia, no deberíamos como ciudadanos permitir que esto suceda de nuevo, ni siquiera dar lugar a un ápice de algún ejemplo de ese tipo.

En esa ley de prescindibilidad se decía expresamente que si eras de otra nacionalidad, en el caso de Santa Cruz, chileno, si tenías determinada edad, si pertenecías a alguna agrupación política o eras representante gremial sindical, también podías ser despedido, hay relatos que así lo dicen u otros tipos de pensamiento.

Un agente relata que fue llevado a una comisaría y luego de que estuvo ahí preso, hicieron contactarlo con una persona de su confianza que le dijo que le alcanzaban la renuncia a la firma en la comisaría y si no renunciaba, corrían peligro tanto él como su familia. A uno se le pone la piel de gallina, es poder pensar que en Santa Cruz nuestros ciudadanos, nuestros vecinos y vecinas también fueron víctimas y poder reconocerlos.

En estos lugares, más allá de que estén lejos de los grandes centros urbanos, también sucedió cada uno de esos episodios y tenemos que ser capaces de conocerlos, de reconstruirlos para que nuestros jóvenes y nuestras nuevas generaciones también se anoticien y no permitan que esto vuelva a suceder.

PRIMER LEGAJO REPARADO: ¿QUIÉN FUE DANIEL ALBERTO TONINETTI?

En El Fortín, Córdoba, el 16 de abril de 1951 nació Daniel Alberto Toninetti.

A los 20 años y sin haber finalizado los estudios, se mudó a Río Gallegos. En la ciudad capital se inscribió en el Colegio Comercial Nocturno N° 1 (actual EPJA N° 12 “Manuel Belgrano”).

Fue militante de la Juventud Peronista (JP) de Montoneros, organizó y participó de actividades sociales en los barrios carenciados.

Trabajó como administrativo en la Municipalidad de Río Gallegos desde el 12 de abril de 1971 al 30 de marzo de 1973 y el 1 de julio de 1973 fue designado como director en la Dirección de Cultura, dependiente del Ministerio de Gobierno de Santa Cruz, consigna el informe del Archivo Provincial de la Memoria.

En el marco del regreso de Perón a la Argentina, el gobernador Jorge Cepernic adhirió a los homenajes y creó la Comisión de Homenaje al teniente general Juan Domingo Perón, de la cual Toninetti participó.

En Santa Cruz conoció a Viviana Admetlla, con quien tendrían a María.

Iniciada la dictadura y ante la persecución, en 1976, se trasladaron a La Plata, pero la noche del 18 de abril de 1977, Toninetti fue secuestrado a través de un operativo ilegal de detención a cargo de un grupo de tareas del Primer Cuerpo del Ejército.

De acuerdo a los testimonios de exdetenidos, fue visto en el Centro Clandestino de Detención “La Cacha“. A la fecha, continúa desaparecido.

Su caso fue incluido en la causa judicial en la que se “investigaron, probaron y condenaron delitos de lesa humanidad, sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de La Plata”.

Una calle en el barrio Evita de Río Gallegos lleva su nombre, como así también la sala de informática de la escuela a la que asistió. Actualmente, integra la nómina de desaparecidos de Santa Cruz y su legajo laboral ha sido reparado.