Política y Economía

Operativo por acueducto adjudicado a CPC

Por La Opinión Austral


La Policía Federal se llevó documentación de SPSE, referida a la obra nacional adjudicada a CPC. Fue a pedido del juez Bonadío en el marco de la causa que investiga presuntos sobreprecios, denunciados por la Oficina Anticorrupción, tanto en la construcción del acueducto entre Chubut y Santa Cruz como por la inclusión de la planta de Osmosis Inversa de Caleta Olivia.

En la mañana de ayer, una comitiva de la Policía Federal se presentó en las oficinas de Servicios Públicos con un requerimiento para llevarse la documentación relacionada con el acueducto del Lago Musters, que llega hasta Caleta Olivia. Así lo reconoció el asesor letrado de la empresa de servicios provincial, señalando que hubo plena disposición de la empresa a la solicitud judicial.

La orden fue dada por el juez federal Claudio Bonadío en el marco de una causa que se conoció en noviembre del año pasado, cuando la Oficina Anticorrupción (OA)radicó una denuncia concreta en la Justicia contra la constructora CPC por presuntos sobreprecios en la obra del acueducto Lago Musters, estimando el perjuicio en unos 100 millones de pesos. El fiscal de la causa es Carlos Stornelli.

La obra bajo la lupa es la Ejecución entre 2013 y 2015 de la "Optimización del acueducto regional Lago Musters ?Comodoro Rivadavia ? Rada Tilly- Caleta Olivia ? Provincias de Chubut y Santa Cruz", que se había adjudicado a CPC S.A, la constructora propiedad de Cristóbal López.

La obra licitada tenía por objeto realizar reparaciones en diversos tramos del acueducto que tomaba el agua para potabilizar del Lago Musters y la trasladaba a Comodoro Rivadavia, Rada Tilly y Caleta Olivia.

A partir de dos auditorías se observaron "inconsistencias en los costos a partir de un cambio en la obra", por lo que la OA decidió avanzar con la denuncia al recibir, por un lado el informe crítico de la SIGEN y por el otro, un relevamiento de la Unidad de Auditoría Interna del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) que habían observado estas inconsistencias en los costos a partir de una modificación en la obra en la que -en apariencia, según consta en la denuncia- no había justificación.

Los cambios -que consistieron en la modificación de caños de mayor densidad en algunos tramos- sólo habían sido sugeridos en un informe no vinculante elaborado por la empresa estatal AYSA, que -como ENOHSA- dependía del Ministerio de Planificación Federal de aquel entonces. Esos cambios habían sido rechazados antes por el gerente técnico José María Luján, hasta que fue reemplazado por Sergio Benet, que pidió el informe a AYSA. Esas modificaciones habrían causado un sobreprecio de $ 46.075.499,21, calculan en la OA.

Por otra modificación, se incluyó la construcción de la planta de ósmosis inversa en Caleta Olivia. Para la OA se debería haber llamado a una nueva licitación para la instalación de esta planta (que aún no se terminó pero la decisión fue realizar una "ampliación" de la licitación del acueducto, fuera de norma.

Según consta en la causa 15.384, la Sindicatura verificó sobreprecios en ambas obras. Calculan que por la provisión de los cuatro módulos que conforman la planta de ósmosis inversa se habría pagado un sobreprecio de $ 46.757.340, mientras que por la instalación de esos módulos se habría pagado la suma de $ 6.741.499,68 de más; lo que sumado al sobreprecio en el acueducto da un total de $ 99.574.338,90.

"Habría existido un actuar concertado entre el organismo y la empresa contratista, que fue beneficiada con una ampliación ilegal de obras, las que se hicieron pasar como una modificación de una licitación". En la denuncia se solicitó a Bonadío la inmovilización de los bienes de la empresa, con el objetivo de asegurar un eventual decomiso de las ganancias del delito.

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